Por Amanda Rives, Directora Senior de Incidencia Externa y Desarrollo de Recursos, Gestión de Desastres, World Vision
Julio de 2025
El hambre se intensifica a nivel mundial a medida que las crisis provocadas por el ser humano se multiplican. A pesar de que la alimentación, la protección y la asistencia humanitaria son derechos humanos universales, el número de personas que no logran obtener alimentos suficientes y nutritivos sigue aumentando.
En 2024, en 26 crisis nutricionales, cerca de 38 millones de niñas y niños menores de cinco años sufrieron desnutrición aguda, y más de 295 millones de personas en 53 países enfrentaron inseguridad alimentaria aguda. Esta tendencia preocupante refleja un aumento constante desde 2016.
La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), principal herramienta de análisis multiactor para la toma de decisiones humanitarias en torno a la alimentación, indica que la inseguridad alimentaria aguda ocurre cuando se interrumpen las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, uso y estabilidad de los alimentos. Esto conlleva a una escasez severa de alimentos, malnutrición, y al uso de estrategias irreversibles como el matrimonio infantil o la venta de medios de subsistencia.
A medida que los conflictos, la inestabilidad económica y los eventos climáticos extremos destruyen sistemas alimentarios y medios de vida, la necesidad de asistencia alimentaria humanitaria y de inversiones sostenibles en seguridad alimentaria aumenta rápidamente. Sin embargo, los recortes en la financiación humanitaria global están desmantelando las redes de seguridad de las que dependen millones de familias en crisis.
A mayo de 2025, la financiación para el sector de seguridad alimentaria alcanzaba solo 1.900 millones de dólares, frente a los 12.400 millones requeridos para satisfacer las necesidades humanitarias globales.
El hambre es una falla colectiva, no un fenómeno natural
Las crisis alimentarias actuales no son desastres naturales inevitables, sino resultado de una falla colectiva del sistema internacional. La negligencia frente al cambio climático, los conflictos prolongados y el debilitamiento de los marcos diplomáticos han expuesto a millones de personas en contextos frágiles. Los instrumentos legales internacionales diseñados para proteger a los civiles y garantizar el acceso humanitario son violados con impunidad.
Cada año, World Vision presenta un informe que documenta los impactos de los vacíos en la asistencia alimentaria para las niñas, niños y familias más vulnerables, especialmente en contextos de conflicto armado, cambio climático y crisis prolongadas. Este año, el estudio se centró en 13 países e incluyó los testimonios de personas desplazadas y comunidades de acogida, que enfrentan juntas las múltiples implicaciones del hambre.
El informe confirma que los efectos del aumento de la inseguridad alimentaria son devastadores, generalizados y profundizados por la reducción de la asistencia disponible.
Todos tienen derecho a la alimentación y a la asistencia humanitaria
El derecho a la alimentación está respaldado por múltiples marcos legales reconocidos internacionalmente. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 reconoce el derecho fundamental de toda persona a estar libre de hambre, mientras que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que todos los niños y niñas tienen derecho a una alimentación adecuada y nutritiva.
En 2018, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 2417, que condena el uso del hambre como arma de guerra. La resolución insta a todas las partes en conflicto a proteger a la población civil y a no dañar instalaciones necesarias para la producción y distribución de alimentos.
A pesar de las omisiones actuales, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) reconoce el derecho de la población civil en contextos de conflicto a recibir asistencia humanitaria, y exige a las partes en conflicto garantizar el acceso sin restricciones.
Por tanto, proteger a los civiles, ofrecer asistencia y promover la seguridad alimentaria no son actos de caridad: son obligaciones legales que deben cumplirse para garantizar los derechos de quienes viven en crisis.
El conflicto armado es el principal detonante del hambre
La violencia y la inseguridad son las principales causas de las crisis alimentarias. En 2024, 139,8 millones de personas que viven en zonas de conflicto experimentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda.
A pesar de las garantías del Derecho Internacional Humanitario y la Resolución 2417, se confirmó hambruna en Sudán en 2024, y se considera inminente en lugares como Gaza, Haití, Malí y Sudán del Sur.
Los conflictos destruyen cultivos, carreteras, reservas alimentarias, viviendas e infraestructuras esenciales. Millones de personas se ven forzadas a huir, pierden todo y quedan desconectadas de recursos básicos.
Asimismo, más del 71% de las personas refugiadas en el mundo son acogidas por países de ingresos bajos y medios, lo que pone una presión inmensa sobre comunidades que ya enfrentan pobreza, cambio climático e inestabilidad política.
Los recortes en raciones socavan el bienestar y aumentan la dependencia
La asistencia alimentaria está dirigida a las personas más vulnerables, como aquellas desplazadas o atrapadas en zonas de conflicto, sin libertad de movimiento, sin ingresos ni opciones de subsistencia.
Por eso, los recortes en raciones son devastadores.
El informe de World Vision revela que el 45% de las familias encuestadas experimentaron recortes en la asistencia alimentaria antes de enero de 2025. Estas familias eran 5,4 veces más propensas a enfrentar inseguridad alimentaria aguda.
Tanto las personas desplazadas como las comunidades de acogida expresan el deseo de ser autosuficientes, de dejar atrás la lucha diaria por sobrevivir y construir un futuro.
Pero los recortes profundizan la dependencia. Lo que antes apenas alcanzaba para sobrevivir, hoy ni siquiera cubre lo básico. Muchas familias se ven forzadas a tomar decisiones a corto plazo que pueden perjudicar el desarrollo y la protección de sus hijas e hijos.
¿Qué podemos hacer para garantizar el derecho a la alimentación?
- Invertir en seguridad alimentaria como base para el bienestar integral de niñas, niños y familias.
- Asegurar que las acciones humanitarias e iniciativas de incidencia estén basadas en derechos y en marcos legales vinculantes.
- Escuchar a las comunidades afectadas por el hambre, e invertir en resiliencia y autosuficiencia, no solo en la sobrevivencia.
- Apoyar los mecanismos positivos de afrontamiento, y fortalecer lo que las comunidades ya hacen para cuidarse.
- Implementar intervenciones comprobadas, como transferencias en efectivo, alimentación escolar, inclusión financiera, desarrollo de habilidades y apoyo psicosocial.
- Promover la paz, proteger a la población civil y exigir rendición de cuentas ante violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
La comunidad internacional debe renovar su compromiso para acabar con el hambre
Cuando los actores internacionales no cumplen sus obligaciones en materia de protección y asistencia, las consecuencias recaen en las personas más vulnerables: niñas, niños y familias atrapadas en crisis.
Tal como muestra el informe de World Vision, tener acceso a alimentos suficientes no es solo una necesidad biológica. Es la base para la educación, la protección infantil, la salud mental y la estabilidad económica.
La asistencia alimentaria no debe centrarse únicamente en sobrevivir. Debe ser el primer paso hacia la resiliencia, la autosuficiencia y una libertad duradera del hambre.
Es momento de actuar con urgencia, valentía y compromiso. Debemos abordar las causas estructurales del hambre, proteger a la población civil, fortalecer los sistemas alimentarios y hacer realidad el derecho a la alimentación.
No es una opción. Es nuestro deber.
Sobre la autora
Amanda Rives es Directora Senior de Incidencia Externa y Desarrollo de Recursos para la Gestión de Desastres de World Vision. Anteriormente, fue Directora Regional de Incidencia y Política para Medio Oriente y Europa del Este, y lideró programas de protección infantil en América Latina y el Caribe. Es reconocida con el Hunger Leadership Award 2025 del Congresional Hunger Center por su liderazgo en seguridad alimentaria en contextos humanitarios. Es ex voluntaria del Peace Corps, Mickey Leland Hunger Fellow, y cuenta con títulos en relaciones internacionales por George Washington University y desarrollo internacional por American University.
